29 may. 2012

Estudio sobre la situación de la discapacidad en la Política Española de Cooperación para el Desarrollo. Beatriz Martínez Ríos

“La discapacidad es invisible en las políticas de cooperación al desarrollo, tanto en los datos estadísticos, como en todos los procedimientos, documentos políticos e instrumentos que se aplican. No hablamos sólo de una falta de fondos sino también de la necesidad de contar con una planificación estratégica donde la discapacidad sea transversal y donde se conozcan las necesidades específicas de estas personas”.

Así se expresa Beatriz Martínez Ríos, economista, experta en cooperación para el desarrollo del CERMI, y autora del primer estudio integral sobre la discapacidad en la Política Española de Cooperación al Desarrollo. Se trata de un estudio realizado por el CERMI y promovido y financiado por la AECID: “A raíz de la ratificación de la Convención de la ONU sobre Discapacidad por parte de España, en agosto de 2011 hubo una modificación de la Ley de Cooperación Internacional por la que se incluye la necesidad de que las personas con discapacidad formen parte de las prioridades sectoriales de la cooperación española y además, que los mecanismos e instrumentos de cooperación sean accesibles e inclusivos para personas con discapacidad”, explica Beatriz Martínez Ríos.
Con dicha modificación, la Ley establece entre las prioridades sectoriales “la protección y respeto de los derechos humanos, igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad” y se especifica que los “instrumentos de la cooperación para el desarrollo deberán ser inclusivos y accesibles para las mismas”.
Sin embargo, los cambios introducidos en la normativa apenas son conocidos por actores fundamentales de estas políticas, tal y como explica la autora del estudio: “Se elaboró un cuestionario dirigido a las oficinas técnicas de cooperación que tiene España en unos 48 países, para ver si conocían la ratificación de la Convención por parte de España, y nos hemos encontrado que la mayoría de los actores no conocían esta ratificación de la Convención ni el cambio en la ley de cooperación internacional. Hay una falta de concienciación muy grande”.

Sin datos no hay planes eficaces 

Este trabajo, "Estudio sobre la situación de la discapacidad en la Política Española de Cooperación para el Desarrollo", evidencia que la falta de datos, marcadores específicos sobre discapacidad, e indicadores para medir el impacto de la Ayuda Oficial al Desarrollo destinada a este sector, dificulta la planificación e impide una evaluación precisa de la calidad de la ayuda. Las personas con discapacidad son prácticamente invisibles en la política de cooperación al desarrollo y resulta imposible estimar la ayuda que les llega a través de los fondos multilaterales.
Se estima que la cooperación española dedica un 0,76% de sus fondos bilaterales a programas sobre discapacidad y que estos fondos se reparten de manera dispersa tanto geográfica como sectorialmente. “Los datos muestran que no ha habido una acción coordinada ni una estrategia; hay proyectos muy dispersos. Por ejemplo, hay un país al que se le dedican a lo mejor 2.000 euros, y eso no tiene mucho sentido; no hay política concreta para la discapacidad, da la sensación de que se actúa según surge la demanda, no hay una estrategia”, explica Beatriz Martínez Ríos, y añade: “El uso que se hace de los fondos para cooperación al desarrollo podría ser más eficiente; si hubiera unas directrices claras sobre lo que se tiene que hacer, una estrategia, sería un dinero empleado de manera más eficaz”.

Mayor riesgo y exclusión

Pero si hay algo que realmente sobrecoge es el dato global sobre discapacidad en el mundo y la escasa atención que, al parecer, merece: Más de mil millones de personas en el mundo (el 15 % de la población), viven con discapacidad, según las últimas estimaciones proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011). De esta cifra, un porcentaje desproporcionado, el 80%, vive en países pobres, es decir, más 800 millones de personas.
La situación es dramática, pero según la autora del estudio, además, en estos países la discapacidad supone una exclusión mayor y un riesgo importante: “en estos países las barreras son muchos mayores y tener una discapacidad, en muchas ocasiones puede suponer hasta la muerte, porque hay una gran vulneración de los derechos y una gran discriminación”.
La situación  de estos países en vías de desarrollo es tan precaria que ni siquiera existen organizaciones de personas con discapacidad ni entidades que las represente, algo que sería fundamental también para una gestión más eficaz de la cooperación internacional: “una de las acciones más necesarias sería la capacitación y el empoderamiento de las organizaciones de personas con discapacidad en los países receptores para que ellos puedan influir en las políticas de su propio país y en las políticas de desarrollo”, asegura  Beatriz Martínez Ríos.
En ese sentido, para elaborar el estudio, en el cuestionario que se envió a las OTC (Oficinas Técnicas de Cooperación) se incluyeron cuestiones relativas a los registros o contactos que mantienen estas oficinas con organizaciones de personas con discapacidad de los países destinatarios de la ayuda. El resultado fue muy decepcionante, ya que en muy pocos casos, quizás tres o cuatro, respondieron que sí existía un contacto o conocimiento de estas organizaciones, y siempre ha sido en países en los que las organizaciones españolas de discapacidad han estado más implicadas

Recomendaciones

En primer lugar, tal y como asegura la autora del estudio con firmeza, hay que aplicar la ley:  “se debe poner en práctica la ley, aplicarla, y lo más importante sería dar forma al Plan Director, cuya negociación se pondrá en marcha ahora, y ahí debería entrar la discapacidad como merece, teniéndola en cuenta como una prioridad sectorial y como un tema horizontal en todas las acciones que se lleven a cabo en la cooperación española, para que sea un tema sostenible, porque parece que en la cooperación todo el mundo entiende la discapacidad como proyectos específicos, que está bien y es importante, pero es muy importante también lograr una actuación horizontal”.
Tal y como apunta Beatriz Martínez Ríos, sería importante que en la negociación del Plan Director se tuviera en cuenta al movimiento de la discapacidad para que se recojan sus reivindicaciones y demandas.
La Ley de Cooperación Internacional, tras los cambios introducidos, sienta las bases para que la discapacidad se incluya como una prioridad sectorial y horizontal dentro de las políticas de cooperación, y luego todos los instrumentos sean accesibles e inclusivos. “Eso ya es decir mucho”, afirma Martínez Ríos, y añade: “y como desarrollo de la ley, el plan director debería incluir todos estos requisitos y a partir de ahí se produciría un efecto cascada en todos los documentos políticos”.
En primer lugar, una vez establecidas las líneas legales, habría que elaborar una estrategia de actuación con las ONGD (ONG de Desarrollo) para que se incida en la capacitación de las ONG de los países receptores. Y que se tenga en cuenta en la elaboración de todos los documentos técnicos o políticos que se necesitan para la dotación de recursos, que haya este contacto entre las ONG de discapacidad. En esta misma línea, se tendrían que llevar a cabo acciones formativas dirigidas a estas ONGD, pero también a todo el personal relacionado con la Cooperación, en la AECID, en las OTC… algo que incluso ellos mismos están pidiendo, según asegura Beatriz Martínez Ríos: “en las entrevistas que hemos mantenido para el estudio, toda la gente ha sido muy receptiva y creen que realmente es necesario hacer algo”.
En definitiva, y en palabras de la autora del estudio: “entre las recomendaciones más importantes, además de conseguir que se establezca un procedimiento en la cooperación al desarrollo en un Plan Director para que luego vaya calando en todos los documentos estratégicos que se elaboren, y que se recojan datos sobre la discapacidad, que se incluyan en las bases estadísticas, hay que crear un punto focal sobre discapacidad, un punto que se dedique a transversalizar la discapacidad en todo el trabajo de la cooperación para poder influir en todos los documentos de trabajo que se realicen, que haya personas expertas en ese tema a los que se pueda siempre recurrir…”

A pesar de la crisis

 

Las acciones recomendadas en este documento son necesarias, a pesar de la crisis, ya que no sólo se pretende aumentar la ayuda, sino también, y sobre todo, mejorar su eficacia.
Y es que también extraña a la autora de este estudio que, siendo España un país adelantado en temas de legislación para la discapacidad, en lo que se refiere al desarrollo “está muy atrasado”. Hay países, como EE.UU., que están mucho más adelantados, tienen una política de cooperación al desarrollo más inclusiva y un punto focal y sistemas de evaluación; países como Dinamarca, donde también se llevan a cabo acciones más transversales incluso antes de la Convención; o países como Australia, Canadá y los países nórdicos, que son un modelo a seguir en ese aspecto.
“España está aplicando en sus políticas nacionales, en lo que respecta a la discapacidad, una mayor exigencia que en su política de cooperación al desarrollo; por ejemplo, en nuestro país ya no se dedican recursos a la construcción de escuelas específicas para personas con discapacidad, sin embargo en la cooperación internacional sí. Está más atrasada la política internacional que la nacional, y no debería ser así”, afirma Beatriz Martínez Ríos.
El trabajo está hecho, sólo falta ponerse en marcha, como invita la autora de este estudio: “en estos momentos se habla mucho de que la ayuda al desarrollo sea evaluada para llevar a cabo una gestión más eficaz; y eso nosotros ya lo hemos hecho; en lo que respecta a la discapacidad, las políticas de ayuda al desarrollo ya han sido evaluadas y ya sabemos que no sólo se necesitan más fondos, sino que se necesita una planificación estratégica más eficaz y más coherente con la Convención y que tenga en cuenta a las organizaciones de personas con discapacidad”.
 
Imágenes: Copyright: WHO/P. Virot

Publicado en CERMI.ES Semanal. El Periódico de la discapacidad. Nº 35.  25 de mayo 2012

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