Por su gran interés y por la solidez de su argumentación jurídica y política reproducimos el siguiente artículo.
La necesaria presión política (hoy prácticamente inexistente, que cada uno saque sus conclusiones) para lograr que el Gobierno español otorgara la nacionalidad española a todos los saharauis que lo deseasen no nos cabe la menor duda que supondría ampliar las LIBERTADES, DERECHOS y OPORTUNIDADES de la Población Saharaui, al margen de otras consideraciones políticas o históricas.
Sefardíes y saharauis; por Eduardo Fungairiño
Hace meses
escribí sobre la conveniencia de reformar el artículo 22.1 del Código
Civil para que los saharauis –que fueron españoles hasta que España
abandonó la provincia del Sahara Occidental y la entregó a Marruecos y a
Mauritania– pudieran adquirir la nacionalidad española por residencia
de dos años, plazo privilegiado que la ley otorga a los nacionales de
países iberoamericanos, de Portugal, de Andorra, de Filipinas, de Guinea
Ecuatorial y a los sefardíes. Es curioso que España se acuerde de los
judíos, expulsados en 1492, y de los ecuatoguineanos, independizados
tras un referéndum en 1968; pero que no se acuerde de los saharauis,
abandonados en 1975.
Nada se ha hecho al respecto. Pero nuestro Gobierno ha ido, bien que en
relación con los sefardíes, más allá. Los ministros de Justicia y
Asuntos Exteriores han anunciado (21.11.2012) que se va a conceder
directamente la nacionalidad a dichos antiguos –antiquísimos– españoles.
El procedimiento será el otorgamiento de carta de naturaleza previsto
en el art. 21.1 del Código Civil.
La carta de naturaleza es una concesión graciosa, otorgable mediante
Real Decreto cuando concurran en el solicitante circunstancias
excepcionales. Pero el Gobierno ha estimado que el mero hecho de ser
sefardí ya constituye una circunstancia excepcional que –debidamente
acreditada– da derecho a la nacionalidad española. Es posible, por
tanto, que en breve la Federación de Comunidades Judías en España
comience a expedir las certificaciones correspondientes que, seguidas,
de la demostración de vínculos con España por apellidos, idioma o
parentesco, den lugar a la concesión de la nacionalidad española a los
solicitantes.
La medida parece acertada: no sólo se enjuga una deuda histórica (aunque
el empeño de examinar políticas del Siglo XV con perspectivas actuales
resulte estéril) sino que se traen nuevas aportaciones al quehacer
nacional; aumentar el número de los ciudadanos españoles (donde quiera
que fijen su residencia) debiera aumentar la riqueza familiar,
lingüística y cultural, además de la propiamente monetaria. Como
acertado fue conceder la nacionalidad española a los hijos y nietos de
quienes perdieron la nacionalidad española como consecuencia del exilio
padecido tras la Guerra Civil (Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, de 26 de diciembre).
¿Por qué es ahora cuando nuestro Gobierno quiere facilitar la
adquisición de la nacionalidad española al, aproximadamente, millón de
sefardíes repartidos por todo el mundo (Argentina, EE.UU., Francia,
Israel, Marruecos, Turquía, etc.)? Se ha vertido en algún medio la
opinión de que España quiere compensar el enojo que pueda causar en
Israel un eventual voto afirmativo de España a la entrada de Palestina
en la ONU. Debe tenerse en cuenta en todo caso que el derecho del Estado
Palestino a existir y, por tanto, a formar parte de la comunidad
internacional ya fue reconocido por la Resolución 181 (II) de 29.11.1947
de la Asamblea General de las NN.UU. que puso fin al Mandato Británico
de Palestina y llevó a cabo la partición del territorio bíblico entre
los dos nuevos estados, Israel y Palestina. Incluso en Europa ya hay un
país, Islandia, que ha reconocido a Palestina, con el que mantiene
relaciones diplomáticas desde diciembre de 2011. Pero el respeto que
España guarda a Israel también parece tenerlo a Marruecos, ocupante
ilegal de cuatro quintas partes del Sahara Occidental ¿por qué razón?
Los saharauis fueron españoles, como quien dice, hasta ayer mismo.
Hablaban y hablan español, enviaban a sus representantes como
Procuradores a las Cortes de la Dictadura, formaban parte de nuestro
Ejército, tenían documento nacional de identidad español, estudiaban en
nuestras universidades, etc. No se comprende por qué a los saharauis se
les hace de peor condición que a los sefardíes. El deseo de la mayoría
de los saharauis a ostentar la nacionalidad española es patente. Se
incrementaría nuestra riqueza lingüística, cultural y laboral. Por otra
parte, España tendría que hacerse valer y prestigiarse mediante el
desempeño de un papel más activo y comprometido con la defensa de los
derechos de sus nacionales, derechos que son sistemática e impunemente
pisoteados por el ocupante marroquí ante la inoperancia de la MINURSO,
si los saharauis (los de los Territorios Ocupados, los de los
Territorios Liberados y los de los campamentos de Tinduf) adquieren la
nacionalidad española. Y desde el punto de vista demográfico el aumento
de la ciudadanía española en unas 350.000 personas tendría no mayor
impacto que el producido por el reconocimiento de la españolidad de los
sefardíes (1.000.000) o de los descendientes de los exiliados tras la
Guerra Civil (500.000).
España tiene ahora, mediante el reconocimiento de la nacionalidad
española de los que fueron compatriotas nuestros, una oportunidad
histórica para enmendar un yerro cometido al abandonar el Sahara. Sería
triste e injusto que hubiera que esperar a que, como propuso en 2006 D.
Mansur Escudero, Presidente de la Junta Islámica de España, se otorgue
la nacionalidad española a los moriscos, que la esperan desde 1609.
Eduardo Fungairiño
Fiscal de Sala del Tribunal Supremo
Publicado por "La Razón.es" 30 de noviembre de 2012
