“La discapacidad es
invisible en las políticas de cooperación al desarrollo, tanto en los
datos estadísticos, como en todos los procedimientos, documentos
políticos e instrumentos que se aplican. No hablamos sólo de una falta
de fondos sino también de la necesidad de contar con una planificación
estratégica donde la discapacidad sea transversal y donde se conozcan
las necesidades específicas de estas personas”.
Así
se expresa Beatriz Martínez Ríos, economista, experta en cooperación
para el desarrollo del CERMI, y autora del primer estudio integral sobre
la discapacidad en la Política Española de Cooperación al Desarrollo.
Se trata de un estudio realizado por el CERMI y promovido y financiado
por la AECID: “A raíz de la ratificación de la Convención de la ONU
sobre Discapacidad por parte de España, en agosto de 2011 hubo una
modificación de la Ley de Cooperación Internacional por la que se
incluye la necesidad de que las personas con discapacidad formen parte
de las prioridades sectoriales de la cooperación española y además, que
los mecanismos e instrumentos de cooperación sean accesibles e
inclusivos para personas con discapacidad”, explica Beatriz Martínez
Ríos.
Con dicha modificación, la Ley establece entre las prioridades
sectoriales “la protección y respeto de los derechos humanos, igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad” y se especifica que los “instrumentos de la
cooperación para el desarrollo deberán ser inclusivos y accesibles para
las mismas”.
Sin embargo, los cambios introducidos en la normativa apenas son
conocidos por actores fundamentales de estas políticas, tal y como
explica la autora del estudio: “Se elaboró un cuestionario dirigido a
las oficinas técnicas de cooperación que tiene España en unos 48 países,
para ver si conocían la ratificación de la Convención por parte de
España, y nos hemos encontrado que la mayoría de los actores no conocían
esta ratificación de la Convención ni el cambio en la ley de
cooperación internacional. Hay una falta de concienciación muy grande”.
Sin datos no hay planes eficaces
Este trabajo, "Estudio sobre la situación de la discapacidad en la
Política Española de Cooperación para el Desarrollo", evidencia que la
falta de datos, marcadores específicos sobre discapacidad, e indicadores
para medir el impacto de la Ayuda Oficial al Desarrollo destinada a
este sector, dificulta la planificación e impide una evaluación precisa
de la calidad de la ayuda. Las personas con discapacidad son
prácticamente invisibles en la política de cooperación al desarrollo y
resulta imposible estimar la ayuda que les llega a través de los fondos
multilaterales.
Se estima que la cooperación española dedica un 0,76% de sus fondos
bilaterales a programas sobre discapacidad y que estos fondos se
reparten de manera dispersa tanto geográfica como sectorialmente. “Los
datos muestran que no ha habido una acción coordinada ni una estrategia;
hay proyectos muy dispersos. Por ejemplo, hay un país al que se le
dedican a lo mejor 2.000 euros, y eso no tiene mucho sentido; no hay
política concreta para la discapacidad, da la sensación de que se actúa
según surge la demanda, no hay una estrategia”, explica Beatriz Martínez
Ríos, y añade: “El uso que se hace de los fondos para cooperación al
desarrollo podría ser más eficiente; si hubiera unas directrices claras
sobre lo que se tiene que hacer, una estrategia, sería un dinero empleado de manera más eficaz”.
Mayor riesgo y exclusión
Pero si hay algo que realmente sobrecoge es el dato global sobre
discapacidad en el mundo y la escasa atención que, al parecer, merece:
Más de mil millones de personas en el mundo (el 15 % de la población),
viven con discapacidad, según las últimas estimaciones proporcionadas
por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011). De esta cifra, un
porcentaje desproporcionado, el 80%, vive en países pobres, es decir,
más 800 millones de personas.
La situación es dramática, pero según la autora del estudio, además, en
estos países la discapacidad supone una exclusión mayor y un riesgo
importante: “en estos países las barreras son muchos mayores y tener una
discapacidad, en muchas ocasiones puede suponer hasta la muerte, porque
hay una gran vulneración de los derechos y una gran discriminación”.
La situación de estos países en vías de desarrollo es tan precaria que
ni siquiera existen organizaciones de personas con discapacidad ni
entidades que las represente, algo que sería fundamental también para
una gestión más eficaz de la cooperación internacional: “una de las
acciones más necesarias sería la capacitación y el empoderamiento de las
organizaciones de personas con discapacidad en los países receptores
para que ellos puedan influir en las políticas de su propio país y en
las políticas de desarrollo”, asegura Beatriz Martínez Ríos.
En ese sentido, para elaborar el estudio, en el cuestionario que se
envió a las OTC (Oficinas Técnicas de Cooperación) se incluyeron
cuestiones relativas a los registros o contactos que mantienen estas
oficinas con organizaciones de personas con discapacidad de los países
destinatarios de la ayuda. El resultado fue muy decepcionante, ya que en
muy pocos casos, quizás tres o cuatro, respondieron que sí existía un
contacto o conocimiento de estas organizaciones, y siempre ha sido en
países en los que las organizaciones españolas de discapacidad han
estado más implicadas
Recomendaciones
En primer lugar, tal y como asegura la autora del estudio con firmeza,
hay que aplicar la ley: “se debe poner en práctica la ley, aplicarla, y
lo más importante sería dar forma al Plan Director, cuya negociación se
pondrá en marcha ahora, y ahí debería entrar la discapacidad como
merece, teniéndola en cuenta como una prioridad sectorial y como un tema
horizontal en todas las acciones que se lleven a cabo en la cooperación
española, para que sea un tema sostenible, porque parece que en la
cooperación todo el mundo entiende la discapacidad como proyectos
específicos, que está bien y es importante, pero es muy importante
también lograr una actuación horizontal”.
Tal y como apunta Beatriz Martínez Ríos, sería importante que en la
negociación del Plan Director se tuviera en cuenta al movimiento de la
discapacidad para que se recojan sus reivindicaciones y demandas.
La Ley de Cooperación Internacional, tras los cambios introducidos,
sienta las bases para que la discapacidad se incluya como una prioridad
sectorial y horizontal dentro de las políticas de cooperación, y luego
todos los instrumentos sean accesibles e inclusivos. “Eso ya es decir
mucho”, afirma Martínez Ríos, y añade: “y como desarrollo de la ley, el
plan director debería incluir todos estos requisitos y a partir de ahí
se produciría un efecto cascada en todos los documentos políticos”.
En primer lugar, una vez establecidas las líneas legales, habría que
elaborar una estrategia de actuación con las ONGD (ONG de Desarrollo)
para que se incida en la capacitación de las ONG de los países
receptores. Y que se tenga en cuenta en la elaboración de todos los
documentos técnicos o políticos que se necesitan para la dotación de
recursos, que haya este contacto entre las ONG de discapacidad. En esta
misma línea, se tendrían que llevar a cabo acciones formativas dirigidas
a estas ONGD, pero también a todo el personal relacionado con la
Cooperación, en la AECID, en las OTC… algo que incluso ellos mismos
están pidiendo, según asegura Beatriz Martínez Ríos: “en las entrevistas
que hemos mantenido para el estudio, toda la gente ha sido muy
receptiva y creen que realmente es necesario hacer algo”.
En definitiva, y en palabras de la autora del estudio: “entre las
recomendaciones más importantes, además de conseguir que se establezca
un procedimiento en la cooperación al desarrollo en un Plan Director
para que luego vaya calando en todos los documentos estratégicos que se
elaboren, y que se recojan datos sobre la discapacidad, que se incluyan
en las bases estadísticas, hay que crear un punto focal sobre
discapacidad, un punto que se dedique a transversalizar la discapacidad
en todo el trabajo de la cooperación para poder influir en todos los
documentos de trabajo que se realicen, que haya personas expertas en ese
tema a los que se pueda siempre recurrir…”
A pesar de la crisis
Las
acciones recomendadas en este documento son necesarias, a pesar de la
crisis, ya que no sólo se pretende aumentar la ayuda, sino también, y
sobre todo, mejorar su eficacia.
Y es que también extraña a la autora de este estudio que, siendo España
un país adelantado en temas de legislación para la discapacidad, en lo
que se refiere al desarrollo “está muy atrasado”. Hay países, como
EE.UU., que están mucho más adelantados, tienen una política de
cooperación al desarrollo más inclusiva y un punto focal y sistemas de
evaluación; países como Dinamarca, donde también se llevan a cabo
acciones más transversales incluso antes de la Convención; o países como
Australia, Canadá y los países nórdicos, que son un modelo a seguir en
ese aspecto.
“España está aplicando en sus políticas nacionales, en lo que respecta a
la discapacidad, una mayor exigencia que en su política de cooperación
al desarrollo; por ejemplo, en nuestro país ya no se dedican recursos a
la construcción de escuelas específicas para personas con discapacidad,
sin embargo en la cooperación internacional sí. Está más atrasada la
política internacional que la nacional, y no debería ser así”, afirma
Beatriz Martínez Ríos.
El trabajo está hecho, sólo falta ponerse en marcha, como invita la
autora de este estudio: “en estos momentos se habla mucho de que la
ayuda al desarrollo sea evaluada para llevar a cabo una gestión más
eficaz; y eso nosotros ya lo hemos hecho; en lo que respecta a la
discapacidad, las políticas de ayuda al desarrollo ya han sido evaluadas
y ya sabemos que no sólo se necesitan más fondos, sino que se necesita
una planificación estratégica más eficaz y más coherente con la
Convención y que tenga en cuenta a las organizaciones de personas con
discapacidad”.
Imágenes: Copyright: WHO/P. Virot
Publicado en CERMI.ES Semanal. El Periódico de la discapacidad. Nº 35. 25 de mayo 2012
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La
Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios de la OMC (FRCOMS)
presentará, el próximo 10 de mayo, la Memoria 2011: Actividades de
Cooperación para el Desarrollo de la OMC, un documento en el que se
recogen los proyectos que se llevan a cabo en materia de cooperación
para el desarrollo desde los colegios, a través de las cuotas
colegiales. Con motivo de la presentación sobre el papel de la
comunidad médica en el ámbito de la cooperación, se celebrará a
continuación una mesa redonda sobre “La Profesión Médica en la
Cooperación para el Desarrollo, la Salud en Emergencias y la Ayuda
Humanitaria” que contará con profesionales especializados en diferentes
temáticas, quienes contarán sus experiencias sobre el terreno.
