La
proclamación de un Estado saharaui, la RASD, por aquel grupo de
jóvenes organizados en un arquetípico movimiento de liberación
nacional, fue la respuesta y desafío frente al vacío político e
institucional que dejó España al evacuar al último soldado el 26
de febrero de 1976.
Las
circunstancias y avatares del momento obligan a asentar a la joven
república en territorio argelino. Y sin otro poder que la voluntad
de sus revolucionarios fundadores se atribuyó la defensa y
protección de la población saharaui, que había quedado a merced de
la invasión mauritano-marroquí.
A
pesar de la atípica situación de ser un Estado en el exilio,
carente de algunos de los elementos jurídicos constitutivos de un
Estado, la RASD ha logrado mantenerse y gestionar los asuntos de los
refugiados saharauis, ofreciendo una estructura administrativa más o
menos eficaz, al alcance de todos, suministrando una cobertura de
servicios básicos como la educación, la sanidad y la defensa de los
campamentos, durante estos 38 años.
Ha
logrado también un cierto reconocimiento internacional,
estableciendo relaciones diplomáticas con más de 80 países y
llegando a ser miembro de la Unión Africana. También ha controlado
y ejercido el poder sobre la franja de territorio liberado, y su
Ministerio de las Zonas Ocupadas dirige el activismo político de los
últimos años en el territorio ocupado.
Antes
del alto el fuego, en 1991, era F. Polisario, el portavoz principal
de la causa saharaui, después ha sido la RASD quién ha ido
ejerciendo esa función.
El
Estado saharaui, la RASD, ha ido pasando de ser una mera efeméride
histórica, que se celebraba una vez al año, a ir creando y
ampliando sus estructuras, instituciones y competencias, llegando en
la actualidad a tener nada menos que 27 ministerios y un centenar de
embajadas y representaciones diplomáticas en todo el mundo,
encargadas de la divulgación de la causa y la búsqueda de apoyos en
este interminable proceso de autodeterminación auspiciado por
Naciones Unidas.
A
pesar de estos indiscutibles logros para un Estado tan peculiar: en
el exilio, sin solvencia económica, dependiente, para la prestación
de servicios a la población, de la ayuda humanitaria, con una
soberanía mediatizada por el país de acogida y sin aliados de
auténtico peso en la política internacional, su salida a escena y
nueva visibilidad durante estos años ha servido también para
ponerle a prueba, sacando a flote sus limitaciones en muchas áreas,
que ponen en entredicho su verdadera capacidad de llevar la gestión
que corresponde a un Estado.
Sin
necesidad de hacer un repaso histórico, los últimos acontecimientos
en los Campamentos, cuando un grupo de refugiados ha llegado a
manifestarse frente a la sede de ACNUR, pidiendo interlocución
directa con este organismo para reivindicar unos derechos que la RASD
ha sido incapaz de garantizar, han dejado en evidencia la falta de
solvencia, cuando no de políticas, y su vulnerabilidad como garante
de los derechos fundamentales de los saharauis y en especial aquellos
que atañen a su condición de refugiados.
A
esto, además, recientemente, se suma el cierre de la frontera
argelino-mauritana, decretada por las autoridades aduaneras
argelinas, y por ende el cierre de la frontera de los Campamentos,
que es el territorio donde la RASD ejerce una soberanía tutelada,
poniendo en evidencia las importantes limitaciones que pueden llegar
a producirse.
Por
otro lado, y a pesar de haber respetado el alto el fuego y optado por
la lucha pacífica en los territorios ocupados, nuestro Estado no ha
sido capaz de aportar ninguna iniciativa o formulación estratégica
que alimente la confianza en la RASD de los principales países, que
de una u otra manera, tienen intereses en la zona y son actores
relevantes en la región.
El
Estado saharaui por todas estas peculiares características siempre
ha ejercido una soberanía limitada tanto dentro como fuera de los
Campamentos. Recientemente un periodista saharaui de El Aaiún, en
una entrevista en radio Maizirat, proponía que el Estado saharaui
debería trasladar sus instituciones, o al menos parte de ellas, al
territorio ocupado, aunque fuera de forma simbólica, por un lado
para acercar más la RASD a la población saharaui, que no reconoce
la soberanía ni la autoridad marroquí y por otro para legitimarse
con su presencia.
Es
probable que haya que hacer muchas reformas y cambios. La RASD
tendría que homologarse con los Estados que cumplen con los
requisitos básicos de separación de poderes, sometimiento a la ley,
rendición de cuentas, transparencia, etc... pero, pesar de los
condicionantes, cuando hay voluntad política, se acaban encontrando
procedimientos y actuaciones que acreditan una buena gobernanza.
Y
lo mas importante: mas allá de los avances que puedan producirse o
no en nuestra causa nacional, un Estado, que se tenga por tal,
siempre, en cada momento, debe de estar al servicio de los derechos,
libertades y bienestar de sus ciudadanos, esta misión es
impostergable.
Lehdía
M. Dafa
Madrid,
27 febrero de 2014.
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